El Parlamento de Cataluña aprobó ayer en su último pleno la prórroga por un periodo de 18 meses las concesiones de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV), una medida que beneficiará principalmente a Applus+, filial del grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que controla la mayor parte de las 54 estaciones de ITV que hay en Catalunya.
El próximo día 23 de julio finaliza el plazo de las concesiones de las ITV. A partir de esta fecha, estos servicios pasaban a ser regulados por una normativa propia de la Generalitat, según las competencias reconocidas en el Estatut.
Ante esta situación la Conselleria de Trabajo e Industria, en manos del PSC, optó por pactar con CiU y asegurarse un régimen transitorio, que evitará un vacío legal y asegurará la prestación del servicio a los usuarios.
Desde CiU se justificó esta prórroga por las deficiencias del proyecto de ley del Gobierno, al igual que hizo ERC, quien sostuvo que la norma del Gobierno había "generado desconfianza" sobre la adjudicación y el control de los operadores.
A través de una "habilitación transitoria y de carácter excepcional", los actuales operadores de ITV podrán seguir prestando el servicio durante 18 meses. Ese es el plazo que se ha autoimpuesto la Generalitat para aprobar la Ley de Seguridad Industrial, que transformará el actual sistema concesional a otro de autorización administrativa, lo cual permitirá dar entrada en el mercado a más operadores.
Es un cambio que impulsó el gobierno tripartito tras anular la prórroga de las concesiones que había aprobado el anterior gobierno de CiU.
El próximo día 23 de julio finaliza el plazo de las concesiones de las ITV. A partir de esta fecha, estos servicios pasaban a ser regulados por una normativa propia de la Generalitat, según las competencias reconocidas en el Estatut.
Ante esta situación la Conselleria de Trabajo e Industria, en manos del PSC, optó por pactar con CiU y asegurarse un régimen transitorio, que evitará un vacío legal y asegurará la prestación del servicio a los usuarios.
Desde CiU se justificó esta prórroga por las deficiencias del proyecto de ley del Gobierno, al igual que hizo ERC, quien sostuvo que la norma del Gobierno había "generado desconfianza" sobre la adjudicación y el control de los operadores.
A través de una "habilitación transitoria y de carácter excepcional", los actuales operadores de ITV podrán seguir prestando el servicio durante 18 meses. Ese es el plazo que se ha autoimpuesto la Generalitat para aprobar la Ley de Seguridad Industrial, que transformará el actual sistema concesional a otro de autorización administrativa, lo cual permitirá dar entrada en el mercado a más operadores.
Es un cambio que impulsó el gobierno tripartito tras anular la prórroga de las concesiones que había aprobado el anterior gobierno de CiU.
