La Federación Francesa de Sociedades de Seguros (FFSA) ha anunciado que las compañías aseguradoras deberán desembolsar unos 160 millones de euros para hacer frente al pago de los desperfectos causados por los actos vandálicos durante la revuelta en los suburbios galos del pasado mes de noviembre.
En una estimación previa, la FFSA vaticinó un coste cercano a los 200 millones de euros. Finalmente, la cuenta final por la ola de violencia que se desató en los barrios más pobres del país se situará entre 150 y 160 millones de euros.
La quema de 9.000 automóviles supondrá un gasto de 40 millones de euros. Los jóvenes que provocaron los disturbios durante tres semanas del mes de noviembre hicieron de la quema de coches uno de los símbolos de la revuelta.
Sufragar el resto de daños, principalmente a bienes inmuebles y mobiliario urbano, ascenderá a unos 110 millones de euros. Varios edificios públicos, como guarderías, colegios, gimnasios y bibliotecas, fueron completamente destruidos, así como varias empresas y un concesionario de automóviles Renault. La aseguradora Axa tendrá que abonar 10 millones de euros sólo por este último establecimiento, que quedó totalmente destruido.
La mayoría de las compañías de seguros ha presentado recursos ante los tribunales para pedir que sea el Estado el que se haga cargo del coste de los desperfectos durante la revuelta de los suburbios. Según una ley de 1983, el Estado es 'civilmente responsable de los daños resultantes de crímenes y delitos cometidos con violencia por grupos armados contra personas o bienes'.
En una estimación previa, la FFSA vaticinó un coste cercano a los 200 millones de euros. Finalmente, la cuenta final por la ola de violencia que se desató en los barrios más pobres del país se situará entre 150 y 160 millones de euros.
La quema de 9.000 automóviles supondrá un gasto de 40 millones de euros. Los jóvenes que provocaron los disturbios durante tres semanas del mes de noviembre hicieron de la quema de coches uno de los símbolos de la revuelta.
Sufragar el resto de daños, principalmente a bienes inmuebles y mobiliario urbano, ascenderá a unos 110 millones de euros. Varios edificios públicos, como guarderías, colegios, gimnasios y bibliotecas, fueron completamente destruidos, así como varias empresas y un concesionario de automóviles Renault. La aseguradora Axa tendrá que abonar 10 millones de euros sólo por este último establecimiento, que quedó totalmente destruido.
La mayoría de las compañías de seguros ha presentado recursos ante los tribunales para pedir que sea el Estado el que se haga cargo del coste de los desperfectos durante la revuelta de los suburbios. Según una ley de 1983, el Estado es 'civilmente responsable de los daños resultantes de crímenes y delitos cometidos con violencia por grupos armados contra personas o bienes'.
