La Audiencia Nacional investiga la actividad de una gestoría de Zaragoza sospechosa de haber efectuado los trámites administrativos para dar cobertura legal a una organización dedicada a la comercialización fraudulenta de coches de lujo que consiguió introducir en el mercado español más de 3.000 automóviles de forma ilegal.
Las investigaciones, desarrolladas por el grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntan a la venta de 3.221 vehículos con los que los implicados habrían cometido un presunto fraude de 36 millones de euros --6.000 millones de las extintas pesetas-- mediante el impago del IVA y el impuesto de lujo. Parte de ese dinero debería haber ido a las arcas de la DGA, que tiene transferida parcialmente la gestión de ambos tributos.
Según un informe de la Guardia Civil, los implicados habían creado "un entramado que utiliza distintas sociedades instrumentales" para operar en varias comunidades autónomas y que utilizaba "para la realización de los trámites administrativos a la Gestoría Hermanos Rodríguez, ubicada en Zaragoza".
El grupo, según las pesquisas, había organizado una trama empresarial para introducir en España "vehículos de lujo procedentes de otros países de la Unión Europea". Para cometer el fraude, hacían recaer en empresas controladas por hombres de paja la obligación de pagar los dos impuestos tras su venta. Sin embargo, el dinero nunca llegaba a las arcas públicas, ya que hacían "desaparecer periódicamente las referidas empresas sustituyéndolas por nuevas entidades mercantiles con un nuevo testaferro al frente". El IVA grava con un 16% el precio de los automóviles y el impuesto de lujo, con un 12%.
Las empresas de papel eran creadas y controladas en realidad por un vecino de Guipúzcoa. Él mismo figuraba como administrador único de algunas con sede en Pamplona y Madrid, entre otras ciudades. Tanto a través de ellas como de las instrumentales, que se iban "sustituyendo unas a otras a fin de cometer la defraudación descubierta", los vehículos procedentes de otros países europeos eran tanto suministrados a empresas dedicadas a la venta al público como, "en ocasiones", vendidos directamente a particulares.
Uno de los flecos del presunto fraude fue detectado en Cella (Teruel). Según la investigación de la Guardia Civil, un concesionario de automóviles de esta localidad --Autoimport De La Torre-- vendió en el año 2003 "cuatro vehículos de lujo procedentes de otros países de la Unión Europea, defraudando en el pago del IVA y de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte". Sin embargo, en ninguna de las operaciones figuraba la empresa turolense como transmitente de los coches. Sí lo hacía una de las firmas controladas por el supuesto cerebro de la trama, en este caso con sede en Pamplona.
Las investigaciones, desarrolladas por el grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntan a la venta de 3.221 vehículos con los que los implicados habrían cometido un presunto fraude de 36 millones de euros --6.000 millones de las extintas pesetas-- mediante el impago del IVA y el impuesto de lujo. Parte de ese dinero debería haber ido a las arcas de la DGA, que tiene transferida parcialmente la gestión de ambos tributos.
Según un informe de la Guardia Civil, los implicados habían creado "un entramado que utiliza distintas sociedades instrumentales" para operar en varias comunidades autónomas y que utilizaba "para la realización de los trámites administrativos a la Gestoría Hermanos Rodríguez, ubicada en Zaragoza".
El grupo, según las pesquisas, había organizado una trama empresarial para introducir en España "vehículos de lujo procedentes de otros países de la Unión Europea". Para cometer el fraude, hacían recaer en empresas controladas por hombres de paja la obligación de pagar los dos impuestos tras su venta. Sin embargo, el dinero nunca llegaba a las arcas públicas, ya que hacían "desaparecer periódicamente las referidas empresas sustituyéndolas por nuevas entidades mercantiles con un nuevo testaferro al frente". El IVA grava con un 16% el precio de los automóviles y el impuesto de lujo, con un 12%.
Las empresas de papel eran creadas y controladas en realidad por un vecino de Guipúzcoa. Él mismo figuraba como administrador único de algunas con sede en Pamplona y Madrid, entre otras ciudades. Tanto a través de ellas como de las instrumentales, que se iban "sustituyendo unas a otras a fin de cometer la defraudación descubierta", los vehículos procedentes de otros países europeos eran tanto suministrados a empresas dedicadas a la venta al público como, "en ocasiones", vendidos directamente a particulares.
Uno de los flecos del presunto fraude fue detectado en Cella (Teruel). Según la investigación de la Guardia Civil, un concesionario de automóviles de esta localidad --Autoimport De La Torre-- vendió en el año 2003 "cuatro vehículos de lujo procedentes de otros países de la Unión Europea, defraudando en el pago del IVA y de Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte". Sin embargo, en ninguna de las operaciones figuraba la empresa turolense como transmitente de los coches. Sí lo hacía una de las firmas controladas por el supuesto cerebro de la trama, en este caso con sede en Pamplona.
