Según una información del diario La Razón, los resultados preliminares de un sondeo encargado por la Dirección General de Tráfico revelan que la mayoría de los ciudadanos entrevistados, incluidos vascos y catalanes, se muestran contrarios a la modificación de las placas de matrícula para que incluyan distintivos automómicos.
Cuatro años después de su entierro, la idea de resucitar las matrículas autonómicas con distintivos que indiquen el lugar de procedencia del propietario del coche no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Lo constata un sondeo preliminar encargado por el Ministerio del Interior para comprobar el grado de aceptación de una modificación de placas a la que también se resisten más de la mitad de los catalanes y vascos encuestados. El posible cambio legal ha sido aparcado por Interior, que también ha recibido el rechazo del sector del automóvil en bloque por las pérdidas millonarias que auguraba para el mercado de ocasión, y por la CEOE.
La consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura, daba por sentado que antes de 2004 habría alguna decisión definitiva sobre cómo serían las nuevas placas de matrícula con los distintivos autonómicos.
Sin embargo, ocho meses después de que CiU propusiera un cambio de diseño de placas en el Congreso, cuatro meses después de que el ministro del Interior y su homóloga en la Generalitat plantearan un cambio legal para establecer un modelo común de matrícula, y tres meses después de que el Senado instase al Gobierno a que buscase el necesario consenso social para abordar la reforma, el posible cambio normativo por el que el sector del automóvil en bloque puso el grito en el cielo ha quedado aparcado.
Una parte importante de la culpa de que el Gobierno haya echado el freno la tienen los ciudadanos, a quien Interior decidió preguntar para comprobar la simpatía que despertaba la medida.
Los resultados de una primera encuesta encargada por el Ministerio del Interior en diciembre pasado revelan que una mayoría de ciudadanos, incluidos catalanes y vascos, prefieren que no se hagan modificaciones sobre las actuales placas y no se incluyan distintivos territoriales, como ocurre en Italia, Alemania o Francia, según informaron fuentes de este departamento.
El sondeo forma parte del estudio que está realizando realizando la Dirección General de Tráfico (DGT) para valorar las repercusiones de este cambio, cuyas conclusiones "se harán públicas cuando se tome alguna decisión", dijo un portavoz de este organismo dependiente de Interior. El titular de esta cartera, José Antonio Alonso, anunció en septiembre pasado que "estaría dispuesto a cambiar las matrículas en cuanto alcanzase un consenso con todas las comunidades autónomas", un hecho que aún no se ha producido.
El sector del automóvil dice no a los distintivos autonómicos
Nada más anunciar Alonso su deseo de regular por ley el nuevo diseño de las placas al estilo alemán, con «un pequeño escudo, o denominación para todas las comunidades autónomas del Estado español», que tendría carácter voluntario (27/9/04), el sector del automóvil en bloque se le echó encima.
El Foro de la Automoción, que agrupa a ocho grandes asociaciones del sector automovilístico (Anfac, Anesdor, Aniacam, Faconauto, Fecaven, RACE, Sernauto y Ganvam) se mostró implacable con la amenaza de cambio. Alertó de que su implantación provocaría pérdidas millonarias para la agilización del mercado de segunda mano que, desde que se suprimieron los distintivos provinciales, hace ya cuatro años, ha aumentado su volumen de negocio en un 22,7 por ciento.
Lo decía consciente de las resistencias que persisten en determinadas provincias a aceptar los vehículos matriculados en otras. "Un residente en Madrid no quiere circular con un vehículo matrícula de Barcelona y viceversa, de modo que determinadas siglas provinciales cierran la venta de segunda mano y eso supone una depreciación del coche en el mercado de ocasión", aclaraba Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
El sector del automóvil llegó a recurrir al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, para que paralizase el intento de cambio normativo. La patronal CEOE también se puso del lado de los afectados y advirtió de que cambiar de matrículas costaría 66 millones.
Cuatro años después de su entierro, la idea de resucitar las matrículas autonómicas con distintivos que indiquen el lugar de procedencia del propietario del coche no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos. Lo constata un sondeo preliminar encargado por el Ministerio del Interior para comprobar el grado de aceptación de una modificación de placas a la que también se resisten más de la mitad de los catalanes y vascos encuestados. El posible cambio legal ha sido aparcado por Interior, que también ha recibido el rechazo del sector del automóvil en bloque por las pérdidas millonarias que auguraba para el mercado de ocasión, y por la CEOE.
La consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura, daba por sentado que antes de 2004 habría alguna decisión definitiva sobre cómo serían las nuevas placas de matrícula con los distintivos autonómicos.
Sin embargo, ocho meses después de que CiU propusiera un cambio de diseño de placas en el Congreso, cuatro meses después de que el ministro del Interior y su homóloga en la Generalitat plantearan un cambio legal para establecer un modelo común de matrícula, y tres meses después de que el Senado instase al Gobierno a que buscase el necesario consenso social para abordar la reforma, el posible cambio normativo por el que el sector del automóvil en bloque puso el grito en el cielo ha quedado aparcado.
Una parte importante de la culpa de que el Gobierno haya echado el freno la tienen los ciudadanos, a quien Interior decidió preguntar para comprobar la simpatía que despertaba la medida.
Los resultados de una primera encuesta encargada por el Ministerio del Interior en diciembre pasado revelan que una mayoría de ciudadanos, incluidos catalanes y vascos, prefieren que no se hagan modificaciones sobre las actuales placas y no se incluyan distintivos territoriales, como ocurre en Italia, Alemania o Francia, según informaron fuentes de este departamento.
El sondeo forma parte del estudio que está realizando realizando la Dirección General de Tráfico (DGT) para valorar las repercusiones de este cambio, cuyas conclusiones "se harán públicas cuando se tome alguna decisión", dijo un portavoz de este organismo dependiente de Interior. El titular de esta cartera, José Antonio Alonso, anunció en septiembre pasado que "estaría dispuesto a cambiar las matrículas en cuanto alcanzase un consenso con todas las comunidades autónomas", un hecho que aún no se ha producido.
El sector del automóvil dice no a los distintivos autonómicos
Nada más anunciar Alonso su deseo de regular por ley el nuevo diseño de las placas al estilo alemán, con «un pequeño escudo, o denominación para todas las comunidades autónomas del Estado español», que tendría carácter voluntario (27/9/04), el sector del automóvil en bloque se le echó encima.
El Foro de la Automoción, que agrupa a ocho grandes asociaciones del sector automovilístico (Anfac, Anesdor, Aniacam, Faconauto, Fecaven, RACE, Sernauto y Ganvam) se mostró implacable con la amenaza de cambio. Alertó de que su implantación provocaría pérdidas millonarias para la agilización del mercado de segunda mano que, desde que se suprimieron los distintivos provinciales, hace ya cuatro años, ha aumentado su volumen de negocio en un 22,7 por ciento.
Lo decía consciente de las resistencias que persisten en determinadas provincias a aceptar los vehículos matriculados en otras. "Un residente en Madrid no quiere circular con un vehículo matrícula de Barcelona y viceversa, de modo que determinadas siglas provinciales cierran la venta de segunda mano y eso supone una depreciación del coche en el mercado de ocasión", aclaraba Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
El sector del automóvil llegó a recurrir al ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla, para que paralizase el intento de cambio normativo. La patronal CEOE también se puso del lado de los afectados y advirtió de que cambiar de matrículas costaría 66 millones.
