Las sanciones máximas se elevarán desde los 601 euros actuales hasta los 300.000 euros
A un vehículo de motor que emita ruidos molestos por la obsolescencia o avería de sus sistema de escape le podrá ser retirada la documentación necesaria para su circulación y se obligará a su inmovilización y traslado a unas dependencias hasta que se subsanen las deficiencias. Ésta es una de las novedades que contempla el anteproyecto de la ley de protección contra la contaminación acústica presentado ayer por la conselleria de Medio Ambiente.
Otra de las novedades de esta ley que, según el conseller Jaume Font, "persigue conciliar el bienestar del ciudadano con el desarrollo sostenible de los sectores productivos", es la cuantía de las multas que podrán imponer los ayuntamientos a los infractores: se pasa de una sanción máxima actual de 601 euros a 300.000 euros para las infracciones más graves.
La tramitación de esta ley, que el conseller prevé concluir durante esta legislatura para que pueda empezar a aplicarse durante la siguiente, coincide en el tiempo con el reglamento que desarrollará la normativa estatal antirruido.
Para Jaume Font esta circunstancia no supone ningún obstáculo ya que "la legislación autonómica será más restrictiva que la nacional".
A modo de ejemplo, el conseller señaló que el reglamento balear permitirá un veinte por ciento menos de decibelios que la normativa estatal.
Ésta última establece que los municipios de más de 250.000 habitantes tendrán hasta el 2007 para hacer sus mapas de ruido -representación de los distintos niveles de ruidos del territorio- y un año después tendrán que tener listos sus planes de acción con los que tratarán de reducir los niveles excesivos de ruidos. En Balears tan sólo Palma tendrá que cumplir estos plazos.
Asimismo, la normativa estatal contempla que los municipios de más de cien mil tengan su mapa y su plan, respectivamente, en 2012 y 2013, circunstancia que el Govern quiere hacer extensible a los municipios de más de 35.000 habitantes o en los que vivan más de 25.000 personas en un núcleo urbano.
Los municipios también podrán delimitar zonas especiales donde, por la existencia de muchas actividades concentradas en un espacio reducido, se produzcan elevados niveles de ruido y en los que podrán adoptar medidas más restrictivas como restringir horarios o limitar la circulación.
La conselleria de Medio Ambiente subvencionará la adquisición de equipos medidores de ruido por parte de los consistorios e Interior se encargará de la formación de los agentes municipales en la materia.
A un vehículo de motor que emita ruidos molestos por la obsolescencia o avería de sus sistema de escape le podrá ser retirada la documentación necesaria para su circulación y se obligará a su inmovilización y traslado a unas dependencias hasta que se subsanen las deficiencias. Ésta es una de las novedades que contempla el anteproyecto de la ley de protección contra la contaminación acústica presentado ayer por la conselleria de Medio Ambiente.
Otra de las novedades de esta ley que, según el conseller Jaume Font, "persigue conciliar el bienestar del ciudadano con el desarrollo sostenible de los sectores productivos", es la cuantía de las multas que podrán imponer los ayuntamientos a los infractores: se pasa de una sanción máxima actual de 601 euros a 300.000 euros para las infracciones más graves.
La tramitación de esta ley, que el conseller prevé concluir durante esta legislatura para que pueda empezar a aplicarse durante la siguiente, coincide en el tiempo con el reglamento que desarrollará la normativa estatal antirruido.
Para Jaume Font esta circunstancia no supone ningún obstáculo ya que "la legislación autonómica será más restrictiva que la nacional".
A modo de ejemplo, el conseller señaló que el reglamento balear permitirá un veinte por ciento menos de decibelios que la normativa estatal.
Ésta última establece que los municipios de más de 250.000 habitantes tendrán hasta el 2007 para hacer sus mapas de ruido -representación de los distintos niveles de ruidos del territorio- y un año después tendrán que tener listos sus planes de acción con los que tratarán de reducir los niveles excesivos de ruidos. En Balears tan sólo Palma tendrá que cumplir estos plazos.
Asimismo, la normativa estatal contempla que los municipios de más de cien mil tengan su mapa y su plan, respectivamente, en 2012 y 2013, circunstancia que el Govern quiere hacer extensible a los municipios de más de 35.000 habitantes o en los que vivan más de 25.000 personas en un núcleo urbano.
Los municipios también podrán delimitar zonas especiales donde, por la existencia de muchas actividades concentradas en un espacio reducido, se produzcan elevados niveles de ruido y en los que podrán adoptar medidas más restrictivas como restringir horarios o limitar la circulación.
La conselleria de Medio Ambiente subvencionará la adquisición de equipos medidores de ruido por parte de los consistorios e Interior se encargará de la formación de los agentes municipales en la materia.
