La Generalitat prepara un anteproyecto de ley de seguridad industrial que prevé sacar a concurso la red de estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) y que pondrá limitaciones para evitar que una empresa o un mismo grupo de empresas tenga una posición de dominio en el mercado.
El anteproyecto de ley de seguridad industrial contempla la fijación de una cuota de mercado máxima, que se concretará en el reglamento de elaboración posterior, según informa La Vanguardia.
La ley, todavía en fase de borrador, plantea la creación de la Agencia Catalana de Seguridad Industrial, que tendrá competencias sobre las ITV y las empresas de inspección y control (EIC), que revisan ascensores e instalaciones industriales.
La nueva ley de seguridad industrial resolverá el conflicto provocado tras la anulación de la prórroga de las concesiones de ITV y de las EIC decidida por la consellería de Trabajo e Industria en agosto de 2004.
Esta decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por las empresas afectadas: Applus (Agbar) y Revisiones de Vehículos SA (Revesa) en el caso de las ITV, y ECA e ICICT, en el caso de las inspecciones de instalaciones industriales.
Texto consensuado con las empresas del sector
El texto se ha consensuado con las empresas afectadas y supone salir del régimen de concesión para pasar a un sistema de autorizaciones, tal y como establece la normativa estatal. Pero el borrador preparado por la consellería de Trabajo e Industria contiene una serie de cautelas, como la fijación de precios y mantenimiento de distancias mínimas entre estaciones de ITV más propias de una concesión.
La Generalitat anuló en agosto de 2004 la prórroga de ocho años concedida por el gobierno de CiU a cuatro empresas que tenían la concesión de las ITV y las EIC por considerar que no estaba justificada.
De esta forma, las empresas Applus+ y Revesa, que tenían la concesión de ITV hasta 2014, y las concesionarias ECA e ICICT, concesionarias de las EIC de seguridad industrial también hasta 2014, sólo ejercerán sus concesiones hasta 2006.
Las empresas afectadas habían anunciado que iniciarían acciones legales, y se calcula que iban a reclamar a la Generalitat entre 200 y 400 millones de euros por esta decisión, de los que 160 millones corresponden a la petición de Applus+, del grupo Agbar. Ahora la nueva ley servirá para zanjar este
El anteproyecto de ley de seguridad industrial contempla la fijación de una cuota de mercado máxima, que se concretará en el reglamento de elaboración posterior, según informa La Vanguardia.
La ley, todavía en fase de borrador, plantea la creación de la Agencia Catalana de Seguridad Industrial, que tendrá competencias sobre las ITV y las empresas de inspección y control (EIC), que revisan ascensores e instalaciones industriales.
La nueva ley de seguridad industrial resolverá el conflicto provocado tras la anulación de la prórroga de las concesiones de ITV y de las EIC decidida por la consellería de Trabajo e Industria en agosto de 2004.
Esta decisión ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por las empresas afectadas: Applus (Agbar) y Revisiones de Vehículos SA (Revesa) en el caso de las ITV, y ECA e ICICT, en el caso de las inspecciones de instalaciones industriales.
Texto consensuado con las empresas del sector
El texto se ha consensuado con las empresas afectadas y supone salir del régimen de concesión para pasar a un sistema de autorizaciones, tal y como establece la normativa estatal. Pero el borrador preparado por la consellería de Trabajo e Industria contiene una serie de cautelas, como la fijación de precios y mantenimiento de distancias mínimas entre estaciones de ITV más propias de una concesión.
La Generalitat anuló en agosto de 2004 la prórroga de ocho años concedida por el gobierno de CiU a cuatro empresas que tenían la concesión de las ITV y las EIC por considerar que no estaba justificada.
De esta forma, las empresas Applus+ y Revesa, que tenían la concesión de ITV hasta 2014, y las concesionarias ECA e ICICT, concesionarias de las EIC de seguridad industrial también hasta 2014, sólo ejercerán sus concesiones hasta 2006.
Las empresas afectadas habían anunciado que iniciarían acciones legales, y se calcula que iban a reclamar a la Generalitat entre 200 y 400 millones de euros por esta decisión, de los que 160 millones corresponden a la petición de Applus+, del grupo Agbar. Ahora la nueva ley servirá para zanjar este
