Como consecuencia de la petición que en su día hizo Ganvam, la asociación de vendedores de vehículos, el pasado miércoles se estudió en el Congreso una Proposición No de Ley, instando al Gobierno a erradicar la Venta de Vehículos a Motor en la Vía Pública.
Esta propuesta fue planteada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia i Unió (Ciu), a quien Ganvam en su día se dirigió por ostentar la portavocía de la Comisión No Permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico. La citada propuesta ha sido consensuada por Ciu, con el Partido Socialista.
"Desde aquí, agradecemos sinceramente a CiU, y al resto de los partidos políticos, la especial sensibilidad que han manifestado hacia nuestro sector en este asunto", señala un comunicado hecho público por la asociación, que espera que "previos los trámites correspondientes, finalmente se pueda dar por ultimado este asunto que tanto ha perjudicado a nuestro sector. Nos gustaría que las decisiones correspondientes no sufrieran una gran demora".
El pasado miércoles se analizó la citada Proposición, acordándose finalmente, crear un Grupo de Trabajo en el seno del Consejo Nacional de Tráfico y Seguridad Vial, a fin de estudiar el asunto y proponer, en definitiva, las modificaciones y requisitos necesarios para la erradicación final en todo el territorio del Estado español, de la venta de vehículos en la vía pública.
En definitiva la Proposición No de Ley aprobada propone lo siguiente: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Analizar, en el ámbito de sus competencias, la situación de la venta ilegal o fraudulenta de vehículos a motor en la vía pública, al objeto de impulsar, en su caso, las disposiciones necesarias para erradicarlo y la información a los ciudadanos sobre los riesgos que para la seguridad vial puede representar la adquisición de vehículos carentes de los requisitos y garantías legales para su utilización. Para ello coordinará su actuación con los órganos competentes de las Administraciones Autonómicas y con la Administración Local, creándose un grupo de trabajo específico en el seno del Consejo Nacional de Tráfico y Seguridad Vial”.
Los argumentos de GANVAM
Los argumentos básicos que utilizó Ganvam en su petición al Congreso fueron los siguientes:
1. Detrás de un cartel de “se vende” y un teléfono, generalmente móvil, se esconde una verdadera actividad comercial al margen de cualquier control administrativo.
2. La procedencia del vehículo es desconocida, adquirido sin revisar y expuesto en la vía pública en cualquier estado.
3. Habitualmente son vehículos de cierta antigüedad y kilometraje, sin el preceptivo control ITV en vigor y suelen ser adquiridos por personas sin carné de conducir o sin su homologación en España.
4. El estado del vehículo, vinculado al incumplimiento de la normativa de Inspección Técnica de Vehículos, incide directamente en la Seguridad Vial.
5. Carecen de seguro de circulación obligatorio y sin embargo pueden realizar trayectos de prueba o exhibición para su venta.
6. No cumplen con la obligación de comunicar a la Jefatura de Tráfico el cambio de titularidad del vehículo, que impide conocer la identidad de los vendedores a los efectos de los diferentes controles administrativos impuestos por la legislación vigente.
7. Se produce un fraude a Hacienda en concepto de impuestos por dicha actividad encubierta.
8. Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales, dado que no existe autorización de dicha actividad ni recauda las tasas correspondientes.
9. Desprotección de los consumidores, que no disfrutan de garantía alguna ni pueden ejercer sus derechos ni reclamar a nadie.
10. Competencia desleal al sector legalmente establecido, que soporta estructuras, paga sus impuestos, realiza inversiones y crea empleo.
Esta propuesta fue planteada por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergencia i Unió (Ciu), a quien Ganvam en su día se dirigió por ostentar la portavocía de la Comisión No Permanente sobre Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tráfico. La citada propuesta ha sido consensuada por Ciu, con el Partido Socialista.
"Desde aquí, agradecemos sinceramente a CiU, y al resto de los partidos políticos, la especial sensibilidad que han manifestado hacia nuestro sector en este asunto", señala un comunicado hecho público por la asociación, que espera que "previos los trámites correspondientes, finalmente se pueda dar por ultimado este asunto que tanto ha perjudicado a nuestro sector. Nos gustaría que las decisiones correspondientes no sufrieran una gran demora".
El pasado miércoles se analizó la citada Proposición, acordándose finalmente, crear un Grupo de Trabajo en el seno del Consejo Nacional de Tráfico y Seguridad Vial, a fin de estudiar el asunto y proponer, en definitiva, las modificaciones y requisitos necesarios para la erradicación final en todo el territorio del Estado español, de la venta de vehículos en la vía pública.
En definitiva la Proposición No de Ley aprobada propone lo siguiente: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Analizar, en el ámbito de sus competencias, la situación de la venta ilegal o fraudulenta de vehículos a motor en la vía pública, al objeto de impulsar, en su caso, las disposiciones necesarias para erradicarlo y la información a los ciudadanos sobre los riesgos que para la seguridad vial puede representar la adquisición de vehículos carentes de los requisitos y garantías legales para su utilización. Para ello coordinará su actuación con los órganos competentes de las Administraciones Autonómicas y con la Administración Local, creándose un grupo de trabajo específico en el seno del Consejo Nacional de Tráfico y Seguridad Vial”.
Los argumentos de GANVAM
Los argumentos básicos que utilizó Ganvam en su petición al Congreso fueron los siguientes:
1. Detrás de un cartel de “se vende” y un teléfono, generalmente móvil, se esconde una verdadera actividad comercial al margen de cualquier control administrativo.
2. La procedencia del vehículo es desconocida, adquirido sin revisar y expuesto en la vía pública en cualquier estado.
3. Habitualmente son vehículos de cierta antigüedad y kilometraje, sin el preceptivo control ITV en vigor y suelen ser adquiridos por personas sin carné de conducir o sin su homologación en España.
4. El estado del vehículo, vinculado al incumplimiento de la normativa de Inspección Técnica de Vehículos, incide directamente en la Seguridad Vial.
5. Carecen de seguro de circulación obligatorio y sin embargo pueden realizar trayectos de prueba o exhibición para su venta.
6. No cumplen con la obligación de comunicar a la Jefatura de Tráfico el cambio de titularidad del vehículo, que impide conocer la identidad de los vendedores a los efectos de los diferentes controles administrativos impuestos por la legislación vigente.
7. Se produce un fraude a Hacienda en concepto de impuestos por dicha actividad encubierta.
8. Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales, dado que no existe autorización de dicha actividad ni recauda las tasas correspondientes.
9. Desprotección de los consumidores, que no disfrutan de garantía alguna ni pueden ejercer sus derechos ni reclamar a nadie.
10. Competencia desleal al sector legalmente establecido, que soporta estructuras, paga sus impuestos, realiza inversiones y crea empleo.
