El Ayuntamiento de Valencia va a renovar la contrata de achatarramiento de vehículos seis meses después de su vencimiento y de que estallara la polémica respecto al procedimiento. Particulares y los grupos de la oposición -PSPV y EU- denunciaron la «desaparición» de centenares de coches, segúninforma el Diario Levante.
El delegado de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, asegura que la policía va a tomar las riendas de esta actividad y que ya se ha conseguido agilizar el proceso eliminando algunos trámites. Sin embargo, el concejal socialista Matías Alonso sostiene que el pliego no subsana los errores.
El delegado cree que con la nueva empresa y los trámites se acelerará la retirada de vehículos abandonados. Los servicios jurídicos estudian endurecer las sanciones por abandono »de modo que no sea más rentable dejarlo en la calle que darlo de baja», indica la misma fuente.
La subasta sale por dos años y un cálculo inicial de 10.000 euros, aunque los precios son variables y se siguen confiando a los valores que publica una revista especializada (uno de los aspectos cuestionados por Matías Alonso que insiste en que hay otros referentes más ventajosos).
Además, el edil socialista critica que no se exija un centro de tratamiento homologado y que se reduzca la obligación de contar con un depósito para vehículos o que el achatarramiento sin respetar la normativa medioambiental se considere una falta leve y no grave cuando es incluso delito.
El delegado de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, asegura que la policía va a tomar las riendas de esta actividad y que ya se ha conseguido agilizar el proceso eliminando algunos trámites. Sin embargo, el concejal socialista Matías Alonso sostiene que el pliego no subsana los errores.
El delegado cree que con la nueva empresa y los trámites se acelerará la retirada de vehículos abandonados. Los servicios jurídicos estudian endurecer las sanciones por abandono »de modo que no sea más rentable dejarlo en la calle que darlo de baja», indica la misma fuente.
La subasta sale por dos años y un cálculo inicial de 10.000 euros, aunque los precios son variables y se siguen confiando a los valores que publica una revista especializada (uno de los aspectos cuestionados por Matías Alonso que insiste en que hay otros referentes más ventajosos).
Además, el edil socialista critica que no se exija un centro de tratamiento homologado y que se reduzca la obligación de contar con un depósito para vehículos o que el achatarramiento sin respetar la normativa medioambiental se considere una falta leve y no grave cuando es incluso delito.
