La Audiencia Provincial de Cádiz iniciará mañana miércoles el juicio a ocho acusados de formar parte de una trama que estafaba a concesionarios de automóviles de El Puerto, Jerez y Cádiz y que logró hacerse con al menos seis vehículos. La red montada por los procesados aportaba documentación falsa para que les financiasen la compra de turismos que no tenían intención de pagar y luego vendían los vehículos, afirma el fiscal, que solicita para ellos penas que van de uno a 12 años de prisión por varios delitos: estafa, falsedad en documento privado y receptación.
El juicio ha sido señalado por la Sección Tercera para cinco jornadas. El asunto lo instruyó el juez Miguel Ángel López Marchena, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto. Las investigaciones que desmantelaron la trama fueron realizadas en 1999 por agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco).
El escrito de acusación del fiscal explica que uno de los acusados, A.G.B. tenía abierta una oficina en la calle Aurora, en El Puerto, y que allí, para ganarse la confianza de los vendedores de los coches y de las entidades financieras, confeccionaron falsamente fotocopias de diversos documentos: notas registrales, nóminas de empresas, declaraciones de IRPF y otros. El fiscal relata que uno de los automóviles que fueron luego recuperados y entregados a la financiera, un Citroën Xsara, lo compraron en abril de 1999 en un concesionario de Jerez, a precio financiado y presentando documentación falsa, los acusados A.G. y A.A.M., que fingieron representar a una empresa de construcción.
Otro automóvil, un Ford Mondeo, lo adquirieron en mayo de ese año, por el mismo procedimiento, en un concesionario de El Puerto, señala el fiscal. El vehículo fue posteriormente intervenido en las inmediaciones de la oficina portuense de los acusados. Por las mismas fechas, también en El Puerto, A.G. se hizo con un Peugeot 406, indica el escrito de acusación. Y por el mismo procedimiento, en otro concesionario, compró a precio aplazado tres vehículos Nissan Micra. Dos de ellos fueron vendidos en El Puerto por mediación del acusado A.M.P.; una mujer pagó por uno de ellos un millón de pesetas; otra, por el segundo coche, 1.250.000 pesetas. Ambas sin saber cómo habían sido comprados anteriormente.
Uno de los procesados es un abogado, M.C.H., a quien el fiscal acusa de participar en la trama y para quien solicita tres años de prisión por los delitos de receptación y estafa.
El juicio ha sido señalado por la Sección Tercera para cinco jornadas. El asunto lo instruyó el juez Miguel Ángel López Marchena, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto. Las investigaciones que desmantelaron la trama fueron realizadas en 1999 por agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco).
El escrito de acusación del fiscal explica que uno de los acusados, A.G.B. tenía abierta una oficina en la calle Aurora, en El Puerto, y que allí, para ganarse la confianza de los vendedores de los coches y de las entidades financieras, confeccionaron falsamente fotocopias de diversos documentos: notas registrales, nóminas de empresas, declaraciones de IRPF y otros. El fiscal relata que uno de los automóviles que fueron luego recuperados y entregados a la financiera, un Citroën Xsara, lo compraron en abril de 1999 en un concesionario de Jerez, a precio financiado y presentando documentación falsa, los acusados A.G. y A.A.M., que fingieron representar a una empresa de construcción.
Otro automóvil, un Ford Mondeo, lo adquirieron en mayo de ese año, por el mismo procedimiento, en un concesionario de El Puerto, señala el fiscal. El vehículo fue posteriormente intervenido en las inmediaciones de la oficina portuense de los acusados. Por las mismas fechas, también en El Puerto, A.G. se hizo con un Peugeot 406, indica el escrito de acusación. Y por el mismo procedimiento, en otro concesionario, compró a precio aplazado tres vehículos Nissan Micra. Dos de ellos fueron vendidos en El Puerto por mediación del acusado A.M.P.; una mujer pagó por uno de ellos un millón de pesetas; otra, por el segundo coche, 1.250.000 pesetas. Ambas sin saber cómo habían sido comprados anteriormente.
Uno de los procesados es un abogado, M.C.H., a quien el fiscal acusa de participar en la trama y para quien solicita tres años de prisión por los delitos de receptación y estafa.
