La Asociación Provincial de Empresarios de Ventas de Automóviles de Las Palmas (Avivo), tiene como objetivo primordial la lucha contra la venta ilegal de vehículos en la vía pública, una práctica extendida en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así como en los diversos municipios del sureste de la isla.
Desde el año 2004, esta asociación ha contactado con prácticamente la totalidad de las administraciones locales con la finalidad de erradicar la mencionada práctica.
Según Fernando González, secretario técnico de Avivo, “nosotros no nos oponemos a la venta que se formaliza entre particulares, sino a la práctica que se llevan a cabo determinadas empresas ficticias con el objeto de eludir responsabilidades sobre todo de tipo fiscal”.
Por ello, hace un llamamiento a los distintos municipios “para que revisen las ordenanzas municipales (sobre todo a las mancomunidades del Norte y Sureste), y se solucione de una vez por todas esta continua ilegalidad.
Asimismo, desde la asociación felicitan al Ayuntamiento de Arrecife, capital de Lanzarote, como el primer municipio de la provincia de Las Palmas en sancionar esta práctica mediante la aprobación de una ordenanza municipal que prohibe utilizar la vía pública con esta finalidad.
En Gran Canaria, el municipio norteño de Arucas se ha contagiado de esta iniciativa y se espera que entre en vigor a final de mes una ordenanza que pondrá orden a la situación actual sobre el uso comercial de la vía pública.
Los miembros asociados a Avivo, se ven directamente afectados ya que están obligados a competir de forma leal, en un mercado donde se permite usar la calle como concesionario ambulante. Además, advierten del riesgo que ello supone para el consumidor–comprador. El empresario ilegal no paga impuestos, no ofrece la garantía mínima de un año establecida por ley exponiendo al comprador a ser estafado y privándole de la posibilidad de ejercer sus derechos como comprador y usa la calle como medio de exhibición haciéndose pasar por particular. Por tanto, son diversos los sectores afectados: el comprador quien carece de garantías y puede verse estafado, la propia administración que deja de recaudar tasas e impuestos y los profesionales del sector, empresarios en situación de clara desventaja.
Las ventas entre particulares representan en España un 52% del total, de las cuales se estima que el 25% son llevadas a cabo por empresas ficticias.
Un caso particular es según confirma González, el que se aprecia en la rotonda al inicio de la Avenida de José Mesa y López en la capital grancanaria, donde se han visto distintos coches en venta con el mismo tipo de cartel en diferentes colores e igual número de móvil, lo que hace llegar a la conclusión de que no se trata de un particular que quiere vender su coche sin más.
Vehículos en la misma situación pueden observarse en estaciones de servicio y centros comerciales, donde diariamente se rotan los automóviles con el objeto de eludir las sanciones. Pero, ¿quién le suministra los coches a la empresa ficticia?.
