El informe de los peritos de la Guardia Civil, encargado por el juez tras la presentación de una denuncia, concluye. Según informa El Economista, que "se facturan más horas de las establecidas, hay piezas cobradas y no sustituidas, piezas con sobreprecio y operaciones no realizadas".
Por si todo eso fuera poco, además, en algunas facturas se contabilizan kilometrajes falsos y se omite la referencia de las operaciones.
Las supuestas irregularidades saltaron a raíz de una denuncia por abuso de autoridad presentada por un guardia civil contra su superior. El agente solicitó al Juzgado Togado Militar Territorial número 11 de Madrid, que investiga los hechos desde julio de 2007, que ordenara el peritaje de las facturas de todos los vehículos de la Casa del Rey que han pasado por dos talleres de Algete (Madrid) en los dos últimos años, tal y como ahora se ha hecho.
Fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) explicaron que el juez debe determinar ahora si tiene competencias sobre el caso como tribunal militar para seguir adelante o, por el contrario, se debe llevar el asunto a la justicia ordinaria. De momento, el juzgado sigue investigando si las facturas de los dos establecimientos, propiedad del mismo dueño, recogían trabajos que efectivamente se habían realizado o si, por el contrario, se habían engordado. Por el momento, el único imputado en el caso es J.J.L.L., el subteniente que ejercía como superior del denunciante, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Las posibles irregularidades se detectaron después de que el agente que ha denunciado los hechos fuera ascendido a las oficinas del Destacamento Automovilístico de la Casa Real, la unidad que, entre otros asuntos, se encarga de supervisar todas las facturas del parque móvil del Rey. Tras comprobar los fallos en las facturas, lo puso en conocimiento de su superior que desde entonces empezó a darle largas y arrinconarle. Ayer, la Asociación Unificado de la Guardia Civil insistió en que el subteniente, que ha declarado ya en los juzgados, "debe ser apartado inmediatamente de sus funciones como medida cautelar".
