El Gobierno tripartito catalán anuló el pasado martes la prórroga que el anterior ejecutivo (CIU) había otorgado por ocho años a las empresas que tienen la concesión de los servicios de inspección técnica de vehículos en su comunidad autónoma. De esta manera, las empresas que operan en el sector, entre ellas la filial de Agbar, Applus+, verán finalizados los períodos de vigor de sus concesiones en 2006, en lugar de en el año 2014, según se había acordado hace ahora un año.
El ejecutivo catalán basa su decisión en varios informes elaborados por la Comisión Jurídica Asesora, el Gabinete Jurídico Central de la Generalitat y un bufete de abogados en respuesta a un recurso interpuesto por SGS Tenos, filial española de un grupo suizo de certificación, que denunciaba irregularidades en la decisión del gobierno de CIU. Las empresas afectadas son Revesa, ECA-ITV e Iteuve Technology. Éstas dos últimas forman parte del grupo Agbar, que va a emprender todas acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos y podría reclamar unos 350 millones de euros de indemnización.
Las ITV catalanas realizan cada año dos millones de inspecciones, con un volumen de facturación superior a los 50,4 millones de euros.
El ejecutivo catalán basa su decisión en varios informes elaborados por la Comisión Jurídica Asesora, el Gabinete Jurídico Central de la Generalitat y un bufete de abogados en respuesta a un recurso interpuesto por SGS Tenos, filial española de un grupo suizo de certificación, que denunciaba irregularidades en la decisión del gobierno de CIU. Las empresas afectadas son Revesa, ECA-ITV e Iteuve Technology. Éstas dos últimas forman parte del grupo Agbar, que va a emprender todas acciones legales oportunas para salvaguardar sus derechos y podría reclamar unos 350 millones de euros de indemnización.
Las ITV catalanas realizan cada año dos millones de inspecciones, con un volumen de facturación superior a los 50,4 millones de euros.
