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    La comisión de Industria del Parlamento Europeo (ITRE) suaviza el reglamento de la Comisión Europea sobre emisión de gases

    8 de septiembre de 2008

    Según la propuesta elaborada por el alemán Werner Langen (Partido Popular Europeo y Demócrata-Europeo) y adoptada por la Comisión de la Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo, sería conveniente ampliar el plazo propuesto por la Comisión Europea, fijado en 2012, para que los fabricantes de vehículos consigan llegar al objetivo de reducir a 120g las emisiones de CO2. La comisión ITRE se conforma con que un cuarto de la flota de cada fabricante llegue a este objetivo en 2012, para cumplir el objetivo total en 2015. Además, considera excesivas las multas, de entre 100 y 475 euros, propuestas para los que no cumplan el reglamento, las cuales, según apunta Langen, no deberían superar los 40 euros. Según alega, la información del consumidor y la competencia entre fabricantes supone una presión lo suficientemente fuerte para hacer respetar los límites previstos.

    Los Verdes, los socialistas y distintas ONGs rechazan la propuesta de la comisión ITRE, alegando que favorece a la industria del automóvil en lugar de al medio ambiente. Con respecto al plazo propuesto, los Verdes se quejan de que, de ser así, sólo se reduciría la emisión de CO2 en 8 g/km respecto a la emisión actual de 160g/km aproximadamente. Por otro lado, si se impusiera el sistema de multas que propone la comisión de la industria, para los fabricantes sería más fácil pagar la multa que adaptar sus estructuras tecnológicas para cumplir sus obligaciones.

    Por otro lado, los socialistas, que consideran que la comisión ITRE sólo promete grandes cambios a largo plazo, se congratulan por el acuerdo unánime de los diputados sobre la adopción de un objetivo de 95g/km de CO2 de aquí a 2020. Además, reciben el apoyo del Parlamento en la iniciativa de motivar a los consumidores mediante primas y animarles así a cambiar su viejo vehículo por uno nuevo y ecológico, cuya financiación correría a cargo de los fabricantes europeos que no cumplan la normativa sobre emisiones de gases contaminantes.

     
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