Más de dos millones de turismos, cerca del 25% del parqué automovilístico, eluden las revisiones que periódicamente están obligados a superar, según el último informe elaborado por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), patronal que reúne a las 42 empresas que gestionan los 221 centros de ITV que existen en España. Normalmente son coches de particulares que superan los 10 años de antigüedad y que no cumplen los requisitos establecidos. En estos casos, el usuario dispone de dos opciones: acudir al taller para realizar las mejoras requeridas o dar de baja el coche.
Si las autoridades policiales sorprenden al propietario de un vehículo sin la pegatina de la ITV o con ella caducada, las consecuencias son las siguientes:
* Intervención del permiso de conducir. Habrá un plazo de diez días para pasar el examen favorablemente.
* Pago de una multa. La Ley de Tráfico prevé sanciones de entre 94 y 1.503 euros por circular sin haber pasado la ITV.
Un total de 7,4 millones de turismos en España pasaron en 2003 a su revisión anual, la Inspección Técnica del Vehículo (ITV). De acuerdo al Real Decreto del 24 de septiembre de 1985 número 1987/1985, vigente desde 1987, los automóviles con más de cuatro años de antigüedad –cinco para motocicletas y seis para caravanas- y de matriculación española deben superar las revisiones periódicas en las estaciones habilitadas específicamente para ello por las comunidades autónomas.
Este chequeo, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene tres objetivos: asegurar que los vehículos en circulación mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos, reducir el riesgo de accidentes por causas técnicas y proteger el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de los gases de escape. Finalizado el examen, se emite un informe.
Precios y liberalización del sector
La liberalización de este sector, cuya facturación en España con las revisiones realizadas el pasado año alcanzó 250 millones de euros, se aprobó hace tres años con el objetivo de hacer bajar los precios y mejorar la calidad del servicio.
El pasado mes de enero se cumplió el plazo máximo que el Gobierno había fijado para que las diferentes comunidades autónomas establecieran las fechas del proceso. Sin embargo, éstas se retrasarán hasta llegar al año 2010, puesto que la mayoría de las concesiones aún estarán vigentes para esa fecha. Según la norma, cualquier taller podría realizar las inspecciones obligatorias, de esta manera se cumpliría con el objetivo de hacer bajar los precios y mejorar la calidad del servicio.
No obstante, la patronal AECA-ITV y las asociaciones de empresarios y conductores no ven con buenos ojos la liberalización del mercado. Consideran que el paso de las concesiones hacia un sistema de autorizaciones no se traducirá en una bajada de precios, ni mejora de claridad. Por el contrario, provocará efectos secundarios negativos, como que las zonas menos desarrolladas económicamente se queden sin este servicio y los automovilistas deban desplazarse a otras comunidades.
Si las autoridades policiales sorprenden al propietario de un vehículo sin la pegatina de la ITV o con ella caducada, las consecuencias son las siguientes:
* Intervención del permiso de conducir. Habrá un plazo de diez días para pasar el examen favorablemente.
* Pago de una multa. La Ley de Tráfico prevé sanciones de entre 94 y 1.503 euros por circular sin haber pasado la ITV.
Un total de 7,4 millones de turismos en España pasaron en 2003 a su revisión anual, la Inspección Técnica del Vehículo (ITV). De acuerdo al Real Decreto del 24 de septiembre de 1985 número 1987/1985, vigente desde 1987, los automóviles con más de cuatro años de antigüedad –cinco para motocicletas y seis para caravanas- y de matriculación española deben superar las revisiones periódicas en las estaciones habilitadas específicamente para ello por las comunidades autónomas.
Este chequeo, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene tres objetivos: asegurar que los vehículos en circulación mantengan unas condiciones de seguridad por encima de los mínimos exigidos, reducir el riesgo de accidentes por causas técnicas y proteger el medio ambiente a través de la reducción de las emisiones de los gases de escape. Finalizado el examen, se emite un informe.
Precios y liberalización del sector
La liberalización de este sector, cuya facturación en España con las revisiones realizadas el pasado año alcanzó 250 millones de euros, se aprobó hace tres años con el objetivo de hacer bajar los precios y mejorar la calidad del servicio.
El pasado mes de enero se cumplió el plazo máximo que el Gobierno había fijado para que las diferentes comunidades autónomas establecieran las fechas del proceso. Sin embargo, éstas se retrasarán hasta llegar al año 2010, puesto que la mayoría de las concesiones aún estarán vigentes para esa fecha. Según la norma, cualquier taller podría realizar las inspecciones obligatorias, de esta manera se cumpliría con el objetivo de hacer bajar los precios y mejorar la calidad del servicio.
No obstante, la patronal AECA-ITV y las asociaciones de empresarios y conductores no ven con buenos ojos la liberalización del mercado. Consideran que el paso de las concesiones hacia un sistema de autorizaciones no se traducirá en una bajada de precios, ni mejora de claridad. Por el contrario, provocará efectos secundarios negativos, como que las zonas menos desarrolladas económicamente se queden sin este servicio y los automovilistas deban desplazarse a otras comunidades.
